El ají dulce cultivado en la isla de Margarita consolidó su blindaje legal y patrimonial con la certificación de Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Esta distinción reconoce las propiedades organolépticas irrepetibles de este fruto, moldeadas por más de cuatro siglos de tradición agrícola y las condiciones geográficas de la entidad insular.

La declaratoria fue formalizada por el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) mediante la Resolución N° 263, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 629. Con este paso, el ají dulce margariteño se sumó a la selecta lista de alimentos venezolanos con sello de origen protegido, garantizando que solo los frutos cosechados bajo estándares específicos en la isla puedan comercializarse bajo esta denominación.

Según el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, la certificación de la IGP representa un homenaje a la herencia cultural insular y al trabajo ininterrumpido de los productores locales durante más de 470 años en la región.

Identidad ajicera

La zona amparada por la certificación abarca ocho municipios de Nueva Esparta: Antolín del Campo, Arismendi, Díaz, García, Gómez, Maneiro, Tubores y Península de Macanao.

La combinación del suelo insular, detalla el SAPI, la brisa marina y el clima de la región otorga al ají margariteño un balance químico particular caracterizado por un aroma penetrante, notas dulces y un picor leve.

El cronista e investigador Verni Salazar, incluso, destacó que el ají margariteño trasciende el ámbito agronómico. "Es un un pilar de identidad, arraigo y prestancia culinaria neoespartana", dijo.

Según portales especializados, la solicitud formal de declaratoria se impulsó bajo la inscripción N° 2023-000002 para resguardar la reputación comercial del fruto frente a variedades foráneas comercializadas erróneamente con el gentilicio insular.

De acuerdo con el portal gastronómico Bienmesabe, este blindaje legal era un reclamo urgente de agrónomos y productores debido a la proliferación de semillas híbridas en tierra firme que amenazaban la pureza genética de la solanácea margariteña.

La entrada en vigor de la IGP marca el inicio de una etapa superior para la salvaguarda y proyección comercial del fruto a escala nacional e internacional.

La medida sienta las bases para consolidar un consejo regulador que supervise las buenas prácticas agrícolas, fortalezca el agroturismo y abra rutas de exportación para los derivados del cultivo. Con este reconocimiento, el ingrediente clave del sofrito venezolano asegura su linaje histórico y su denominación en los mercados globales.