Militantes políticos de la alianza gobernante, funcionarios, militares y antiguos árbitros electorales que llegaron como suplentes anónimos terminan ocupando sillas principales del máximo tribunal en una secuencia de ascensos, vínculos y relevos que aseguran la supervivencia del régimen chavista.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también tiene una puerta trasera. Los magistrados suplentes son designados por la Asamblea Nacional junto con los principales, dentro del mismo proceso de selección y mediante el mismo acto parlamentario. Pero una vez aprobados, pueden permanecer en reserva hasta que una vacante los lleve a ocupar una silla principal.

Ese mecanismo permite que un magistrado que no fue escogido inicialmente para una de las sillas titulares termine ejerciendo el mismo poder que quien sí fue designado para ella. La vacante activa el relevo sin repetir el proceso de selección ni someter nuevamente al suplente al escrutinio parlamentario.

Una figura aprobada originalmente como suplente puede terminar en una de las salas con mayor poder del país. El mecanismo de reemplazo se convierte en una vía para reconfigurar el tribunal y mantener la continuidad de esa estructura.

La consecuencia es un sistema en el que el Ejecutivo y el Tribunal Supremo pueden operar como una misma estructura de poder. Los vínculos políticos, administrativos y militares de quienes llegan por estas vías reducen la distancia que debería existir entre el gobierno y el máximo órgano judicial y convierten al TSJ en un instrumento de continuidad del régimen, no en un contrapeso.

La suplente que ocupó la silla de Calixto Ortega

Michel Adriana Velásquez Grillet dicta sentencias desde una silla del TSJ para la que no fue designada inicialmente. Su posición en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se sostiene en una maniobra administrativa que la convirtió en magistrada principal sin haber sido elegida para ese cargo. Su trayectoria se construyó en la administración pública, en la gerencia estatal y en la consultoría corporativa, y terminó proyectándose como una figura tecnocrática dentro de un tribunal que opera como engranaje político del Ejecutivo.

Su formación académica es amplia y diversa. Es abogada por la Universidad Central de Venezuela (UCV), contadora pública por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y magíster en Administración de Empresas por el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA). A esa base sumó doctorados jurídicos en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) y en la Universidad Católica Santa Rosa (Ucsar), instituciones que hoy funcionan como proveedoras exprés de credenciales para altos funcionarios. Esa combinación de títulos le permitió construir un perfil corporativo que el Ejecutivo utiliza como fachada de modernización judicial.

En la reestructuración del TSJ en abril de 2022, la Asamblea Nacional la designó como segunda suplente. Su salto a la titularidad ocurrió meses después, cuando el magistrado principal Calixto Ortega Ríos solicitó un permiso para asumir funciones diplomáticas en La Haya. Ortega no volvió. Velásquez Grillet ocupó su silla y se quedó con ella. Desde entonces firma decisiones de alcance nacional.

Su perfil público se construye alrededor de la tecnología. Preside la comisión especial de tecnología y digitalización de los procesos judiciales y, desde mediados de 2026, dirige el Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales. Viaja, firma convenios, graba pódcasts y participa en foros internacionales sobre justicia digital, legaltech e inteligencia artificial. Esa agenda funciona como vitrina para el exterior: mientras ella habla de algoritmos y expediente digital, los tribunales penales y civiles del país operan en condiciones de colapso. No hay internet, las actas se cosen a mano con pabilo, los jueces exigen a los abogados que lleven sus propias hojas de papel y el retardo procesal afecta a más de la mitad de los privados de libertad. La modernización que promueve existe solo en el discurso.

La letra pequeña de su formación tecnológica revela que su especialización aún no está concluida. Según su ficha oficial, cursa un máster de formación permanente en inteligencia artificial y legaltech en la Universidad de Salamanca. Dirige la modernización digital del TSJ mientras todavía cursa estudios teóricos para obtener el título que respalda esa especialidad.

Su verdadero peso político está en las sentencias que firma. En agosto de 2023 fue la magistrada ponente de la decisión que intervino y desmanteló al Partido Comunista de Venezuela (PCV). El PCV histórico, liderado por Óscar Figuera, había roto con el gobierno y formado una coalición de izquierda disidente. Bajo su pluma, la Sala Constitucional admitió un amparo introducido por supuestos militantes de base y entregó el control del partido, sus sedes y su tarjeta electoral a una junta ad hoc afín al Ejecutivo. Esa sentencia fue la herramienta exacta que permitió a Miraflores neutralizar a la disidencia de izquierda antes del ciclo electoral de 2024.

Su formación contable y gerencial también se refleja en su actuación judicial. En los registros del TSJ aparece como ponente en decenas de recursos de amparo que intervienen en disputas financieras, societarias y de arrendamientos comerciales millonarios. Ha paralizado sentencias de tribunales inferiores, revocado decisiones sobre cánones de arrendamiento en dólares y suspendido medidas en juicios por fraudes corporativos. Su escritorio funciona como una alcabala donde los litigios privados más costosos pueden ser revertidos bajo el manto de la interpretación constitucional.

La Asamblea Nacional no la votó como magistrada principal. Su ascenso se produjo por la ausencia indefinida de Calixto Ortega. Esa carambola administrativa la colocó en una de las cinco sillas más poderosas del país sin haber pasado por el procedimiento constitucional de designación. Desde esa posición dicta sentencias que intervienen partidos políticos, empresas privadas y procesos penales estratégicos.

Su trayectoria administrativa explica la confianza del Ejecutivo en ella. Antes de llegar al TSJ, ocupó cargos en la Procuraduría General de la República, la Fundación Pro-Patria 2000, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Asamblea Nacional. Fue registradora mercantil, gerente de contrataciones, asesora administrativa y experta contable en tribunales civiles. Su paso por la Procuraduría —el ente encargado de defender los intereses patrimoniales del Ejecutivo— consolidó su posición como cuadro leal. Ese vínculo se refuerza con otro dato: mantuvo un vínculo matrimonial con Carlos Erik Malpica Flores, sobrino directo de Cilia Flores y figura clave en la Tesorería Nacional y en la vicepresidencia de Finanzas de Pdvsa. Ese nexo familiar explica cómo un perfil corporativo sin militancia partidista tradicional escaló directamente a la Sala Constitucional.

Su actuación reciente confirma que no es una tecnócrata inofensiva. En diciembre de 2024 participó en la redacción de la sentencia número 1.171, que declaró constitucional la Ley Libertador Simón Bolívar. La normativa estableció inhabilitaciones políticas de hasta 60 años y penas de prisión de 25 a 30 años para quienes promuevan sanciones o medidas coercitivas contra el Estado. La sentencia consolidó un marco jurídico para la persecución política severa.

Su papel como vocera tecnológica del TSJ también tiene letra pequeña. En la alta magistratura venezolana, los magistrados rara vez escriben sus sentencias o discursos técnicos. Detrás de ella opera un equipo de relatores, asesores comunicacionales y contratistas de tecnología. Cuando presenta un plan de justicia digital o participa en un foro internacional, reproduce un sumario informativo elaborado por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) o por asesores externos. Su función es prestar la voz y la firma institucional para proyectar una imagen de modernidad judicial que no existe en la práctica.

Velásquez Grillet utiliza la Sala Constitucional para intervenir partidos políticos incómodos, controlar litigios corporativos de alto valor, blindar al Ejecutivo y sostener una fachada tecnológica que oculta el deterioro del sistema judicial. Su perfil corporativo es el disfraz. Su función real es operar como pieza sofisticada dentro del engranaje político que controla el tribunal.

La suplencia como puerta de entrada

Jeanette Trinidad Córdova Castro forma parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, integrada mediante los mecanismos de suplencia estratégica que el tribunal utiliza para mantener el control político de sus decisiones sin pasar por procesos de selección transparentes. Su presencia en la sala no proviene de una trayectoria pública visible ni de un ascenso por mérito técnico, sino de la estructura interna que activa suplentes para cubrir vacantes, blindar cuórum y ejecutar fallos de alto impacto sin exponer a los magistrados principales.

Su recorrido institucional se construyó en la ejecución procesal y la sustanciación de expedientes en tribunales de instancia. Durante años operó en un segundo plano, manejando amparos, recursos de revisión constitucional y conflictos de competencia entre tribunales civiles y penales. Ese perfil bajo funcionó como escudo: permitió que su nombre permaneciera fuera del foco público mientras acumulaba experiencia técnica en la maquinaria judicial que alimenta a las salas superiores. Cuando la cúpula del TSJ procesó jubilaciones y reacomodos internos, su nombre apareció como pieza disponible para ocupar una silla en la Sala Constitucional sin generar ruido político ni mediático.

Su incorporación al máximo tribunal se produjo a través de la suplencia. Originalmente vinculada como magistrada suplente en la Sala de Casación Civil, fue movilizada hacia funciones en la Sala Constitucional cuando el tribunal necesitó cubrir vacantes relámpago. En el modelo actual del TSJ, las suplencias no son un cargo menor: son la reserva táctica que la Asamblea Nacional activa para garantizar que las decisiones de control constitucional se mantengan alineadas con los intereses del Ejecutivo. Córdova Castro pasó de suplente a integrante de pleno derecho de la Sala Constitucional mediante este mecanismo, sin concurso público ni evaluación independiente de su trayectoria.

En su despacho se concentran expedientes de control constitucional que permiten al TSJ intervenir en decisiones de tribunales inferiores. Maneja conflictos de competencia entre jurisdicciones civiles y penales, acciones de amparo contra fallos de cortes superiores y solicitudes de revisión de sentencias dictadas en todo el país. Sus decisiones operan dentro de la línea centralizada que la Sala Constitucional utiliza para corregir, anular o absorber la actividad de los tribunales regionales, reforzando la estructura de control vertical del sistema judicial.

La opacidad de su expediente es parte del patrón. Como ocurre con la mayoría de los magistrados designados por el Parlamento de mayoría oficialista, su trayectoria carece de concursos de oposición, evaluaciones públicas o auditorías sobre sus decisiones previas. Su salto al máximo tribunal se procesó bajo los mismos canales de selección discrecional que han caracterizado las designaciones del TSJ desde 2015: suplencias activadas, reacomodos internos y ascensos sin debate público.

El uso de suplentes como piezas de relevo es una práctica consolidada. Cuando la Sala Plena procesa jubilaciones o salidas repentinas, la Asamblea Nacional incorpora suplentes de inmediato para cubrir los huecos sin alterar la línea política del tribunal. Perfiles como el de Córdova Castro o Anabel Hernández pasaron de ser figuras de bajo perfil técnico a ocupar puestos definitivos en la Sala Constitucional, asegurando que el cuórum y la dirección de las decisiones permanezcan intactos.

El antecedente más claro de este mecanismo ocurrió en 2015, cuando el Parlamento saliente designó de forma acelerada a decenas de magistrados principales y suplentes para blindar la Sala Constitucional antes de que la oposición asumiera el control legislativo. Desde entonces, los suplentes funcionan como operadores de relevo que pueden ser activados para dictar sentencias de alto impacto político sin comprometer a los magistrados principales.

La estructura también utiliza las salas accidentales como herramienta de control. Cuando un magistrado titular se inhibe o es recusado, el TSJ convoca a suplentes para constituir una sala accidental que decide un expediente específico y luego se disuelve. En la práctica, estas salas permiten ejecutar fallos delicados sin exponer a los titulares a sanciones internacionales o a desgaste político. El procedimiento se repite con precisión: el titular se aparta, el suplente es convocado de inmediato, la sentencia se dicta en tiempos mínimos y la sala accidental se disuelve para que el titular regrese a su puesto sin quedar vinculado al fallo. La instrucción política se ejecuta sin fisuras y sin dejar rastros en la trayectoria del magistrado principal.

Dentro de ese engranaje, Córdova Castro funciona como pieza de obediencia estricta. Su perfil bajo, su trayectoria técnica en tribunales de instancia y su ascenso por suplencia la convierten en una magistrada útil para ejecutar decisiones sin arrastrar el desgaste público que pesa sobre figuras más visibles de la cúpula judicial. Su presencia en la Sala Constitucional asegura que el tribunal mantenga su capacidad de intervenir tribunales inferiores, resolver amparos estratégicos y dictar fallos de control político sin interrupciones.

El conjunto de actuaciones y mecanismos que la llevaron a la Sala Constitucional revela un patrón consistente: Córdova Castro no llegó por mérito, concurso o trayectoria doctrinaria. Llegó porque el TSJ la necesitaba como pieza funcional dentro de la estructura de suplencias y salas accidentales que utiliza para mantener el control hermético de las decisiones constitucionales y ejecutar fallos de alto impacto sin exponer a los magistrados principales.

De la secretaría a la Sala Constitucional

Anabel del Carmen Hernández Robles es el ejemplo más reciente y más claro del mecanismo de suplencias que el Tribunal Supremo de Justicia utiliza para mantener el control político de la Sala Constitucional sin abrir concursos públicos ni someter a evaluación independiente a quienes terminan dictando las decisiones más sensibles del país. Su ascenso no se explica por trayectoria doctrinaria, publicaciones, méritos académicos o experiencia constitucional. Se explica por obediencia burocrática, por años de trabajo silencioso dentro de la maquinaria judicial y por la confianza que la cúpula del tribunal deposita en quienes han demostrado disciplina absoluta.

Antes de ponerse la toga como magistrada, su carrera transcurrió en las sombras administrativas del TSJ. En 2022 era secretaria de la Sala de Casación Social, trabajando bajo las órdenes de magistrados vinculados con el oficialismo, como Edgar Gavidia Rodríguez. Su función era firmar, certificar y procesar los oficios administrativos. Ese cargo, que en el papel parece menor, es en realidad una posición de poder fáctico: la secretaria controla los tiempos, decide cuándo un expediente llega a la mesa del magistrado, filtra documentos, revisa formalidades y puede paralizar o acelerar casos sin que exista una sentencia de por medio. En la práctica, maneja la puerta de entrada al tribunal.

Su trayectoria previa también incluye años como jueza suplente en cortes contenciosas entre 2009 y 2013, un período marcado por la radicalización económica del gobierno de Hugo Chávez. En esos años, la jurisdicción contencioso-administrativa debía proteger a ciudadanos y empresas de los abusos del Estado. Pero el tribunal operó como muro de contención del Ejecutivo. Hernández Robles formó parte de esa maquinaria: negó medidas cautelares solicitadas por empresas afectadas por multas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) o por órdenes de reenganche dictadas por inspectorías del trabajo; fue convocada repetidamente para integrar cortes accidentales cuando los jueces titulares se inhibían; y aplicó la doctrina que colocaba cualquier interés estatal por encima de los derechos de propiedad y del debido proceso. Ese período funcionó como su prueba institucional: demostró que era una funcionaria alineada con la razón de Estado y dispuesta a sostener las decisiones del Ejecutivo sin fisuras.

Su rol como secretaria de sala reforzó esa confianza. Controlaba los tiempos procesales, podía archivar expedientes incómodos o acelerar aquellos que interesaban al Estado. Revisaba formalidades con rigor minucioso, rechazando documentos por detalles mínimos para impedir que ciertos casos avanzaran. Redactaba proyectos de sentencia que los magistrados solo tenían que firmar, estructurando argumentos que favorecían al Estado en disputas laborales y sindicales. Y actuaba como filtro entre el poder y los ciudadanos, recibiendo presiones, conteniendo influencias y asegurando que la sala respondiera a las necesidades del Ejecutivo.

En la reestructuración del TSJ de 2022, la Asamblea Nacional la designó como magistrada suplente de la Sala Electoral. Su nombre no figuraba entre los principales ni entre los perfiles con peso político propio. Era una pieza de reserva. Su ascenso real ocurrió en mayo de 2026, cuando el magistrado oficialista Luis Fernando Damiani Bustillos se jubiló de manera sorpresiva. En lugar de abrir un proceso de postulación pública para ocupar la vacante en la Sala Constitucional, la cúpula judicial activó a Hernández Robles. La trasladaron desde su suplencia electoral y la sentaron directamente como magistrada titular de la sala más poderosa del país. No hubo concurso, evaluación ni debate. Su trayectoria interna y su obediencia burocrática fueron suficientes. Su lealtad se construyó dentro del aparato judicial, firmando durante más de 15 años los oficios y resoluciones que requería el Estado sin cuestionar las órdenes. No tiene base de poder propia ni trayectoria política visible. Es la funcionaria disciplinada que el sistema puede mover sin generar resistencia interna ni desgaste público.

Su incorporación a la Sala Constitucional representa un voto seguro dentro del núcleo que dicta las decisiones de control constitucional junto con figuras como Lourdes Suárez Anderson y Tania D’Amelio. Su perfil bajo garantiza que no habrá disidencias ni criterios independientes. Su trayectoria demuestra que sabe ejecutar instrucciones, manejar expedientes sensibles y sostener decisiones de alto impacto sin dejar rastros visibles.

Hernández Robles actúa como una pieza disciplinada dentro de la estructura de suplencias y salas accidentales que mantiene el control hermético de las decisiones constitucionales y ejecuta fallos de alto impacto sin exponer a los magistrados principales. La lealtad burocrática pesa más que cualquier credencial académica.

Del CNE a la Sala Político-Administrativa

Luis Emilio Rondón González pasó del directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia sin distancia y sin transición ideológica visible. Entre 2014 y 2020 fue rector principal del CNE en los años de mayor tensión institucional: la anulación de la Asamblea Nacional electa en 2015, la convocatoria de la constituyente en 2017, las presidenciales de 2018 y los procesos comiciales cuestionados que marcaron la década. Su papel se presentó como el de la disidencia interna, el voto salvado que acompañaba cada decisión polémica del organismo. Ese disenso nunca alteró el curso de ninguna medida. Funcionó como fachada: una pieza que otorgaba pluralidad aparente a un organismo que operaba bajo control político absoluto.

Cuando terminó su período en el CNE en 2020, no hubo retiro ni quiebre con el Estado. En 2022 ingresó en el TSJ como magistrado suplente de la Sala Político-Administrativa. La suplencia fue el puente. No hubo concurso público ni evaluación abierta. Su integración en la estructura titular se procesó dentro de la misma lógica de acuerdos internos que define los recambios en las altas cortes. En mayo de 2026 quedó anclado en la sala que arbitra los grandes pleitos económicos, tributarios y administrativos del Estado.

Su genealogía política es la pieza más delicada de su expediente. Es hijo de Luis Emilio Rondón Hernández, dirigente histórico de la socialdemocracia venezolana, exparlamentario de Acción Democrática (AD) y actual vicepresidente ejecutivo de Un Nuevo Tiempo (UNT). Ese vínculo lo conecta directamente con una de las organizaciones opositoras que ha participado en negociaciones y pactos de cohabitación con el oficialismo. La presencia de un exrector del CNE con lazos familiares en la cúpula de un partido opositor dentro de la Sala Político-Administrativa revela la permeabilidad de las fronteras entre los bloques políticos. No es un caso aislado: es la evidencia de cómo las élites tradicionales encuentran pasarelas fluidas hacia posiciones de alta jerarquía dentro del Estado.

Su trayectoria en el CNE se sostuvo en la figura del voto salvado. Cada vez que el organismo aprobaba decisiones que afectaban procesos democráticos —la arquitectura del revocatorio, la convocatoria de la constituyente, las parlamentarias y presidenciales cuestionadas— Rondón salvaba su voto o emitía notas de disidencia. Ese gesto nunca frenó una sola decisión operativa. Su utilidad residía en permitir que el organismo exhibiera una voz independiente sin alterar la maquinaria. Cuando terminó su período, el sistema lo absorbió sin fricciones. No hubo distancia; hubo continuidad.

La Sala Político-Administrativa no es un espacio de debate doctrinario. Es la instancia donde se decide el dinero: contratos públicos, expropiaciones, indemnizaciones, deudas de la República, sanciones tributarias y disputas con corporaciones estatales. Rondón González pasó de ser el árbitro electoral moderado a operar dentro de la estructura que administra los conflictos patrimoniales del Estado. Su perfil técnico y su pasado como disidencia en el CNE le otorgan un barniz de institucionalidad que encaja en la narrativa de cohabitación que sostiene al sistema.

No es un magistrado independiente. Es una pieza integrada en la arquitectura de acuerdos que conecta al oficialismo con sectores opositores moderados. En la Sala Político-Administrativa opera dentro de la estructura que administra los conflictos patrimoniales del Estado. Su pasado en el CNE y su vínculo con una de las cúpulas opositoras negociadoras encajan sin fricción en la lógica de acuerdos que sostiene al sistema.

De la defensa pública a la Sala Penal

Carmen Marisela Castro Gilly se formó en la Universidad Central de Venezuela en 1981 y cursó una especialización en Derecho Penal en 1994. Su expediente académico incluye una licenciatura en Historia por la misma universidad. Su trayectoria nació en los pasillos de los tribunales penales y en la defensa pública, donde pasó décadas administrando expedientes de oficio en Caracas.

Durante los años noventa ejerció como defensora pública de presos en el área metropolitana de Caracas. En 2006 fue adscrita a la Sala Constitucional como defensora pública. Su carrera se consolidó dentro de la defensa de oficio, integrada en la estructura penal sin generar objeciones procesales.

En enero de 2019 fue designada defensora pública general por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La juramentó Diosdado Cabello. Su nombramiento no pasó por el Parlamento ni por concurso público. La instancia que la colocó en el cargo era de origen supraconstitucional. La defensa pública quedó bajo su mando en pleno auge de las denuncias internacionales por detenciones arbitrarias, torturas y persecución política. El organismo operó como ventanilla de trámite. Los defensores de oficio rara vez impugnaron detenciones sin orden judicial o irregularidades procesales en casos de alta sensibilidad política. La estructura funcionó como mecanismo de convalidación.

Su perfil incluye asesorías jurídicas en ministerios y entes estratégicos, como la presidencia de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y el Ministerio de Industrias Básicas y Minería. Su tránsito por esas áreas consolidó su utilidad para el aparato estatal. Su actuación se integró en la lógica del sistema penal oficial.

En 2022 pasó a integrar la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Desde allí conoció extradiciones pasivas, recursos de casación y conflictos de competencia penal. Su presencia en la sala coincidió con el período en que organismos internacionales documentaron patrones de criminalización de la disidencia, demoras procesales sistemáticas y ausencia de investigaciones genuinas sobre torturas y tratos crueles. La Sala de Casación Penal operó como filtro definitivo de los expedientes políticos. Las inadmisiones y los cierres técnicos bloquearon cualquier intento de revisión.

El contexto internacional amplifica su rol. La investigación Venezuela I de la Corte Penal Internacional (CPI) documentó detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, persecución política y ausencia de tutela judicial. La defensa pública, bajo su gestión, no actuó como contrapeso. Los tribunales internos no investigaron los crímenes denunciados. La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorizó en 2023 la reanudación de la investigación al concluir que el sistema venezolano no reflejaba voluntad genuina de investigar. En marzo de 2024, la Sala de Apelaciones ratificó por unanimidad esa conclusión. La estructura penal quedó señalada como engranaje de convalidación.

Su vínculo con la Asamblea Nacional Constituyente explica la lógica de su ascenso. La ANC de 2017 fue activada sin referéndum consultivo, con arquitectura corporativa y rechazo internacional. Desde esa instancia se designó a Castro Gilly como defensora pública general. La estructura de origen supraconstitucional cubrió cargos de alta jerarquía del sistema de justicia mediante figuras de lealtad orgánica al poder central. Su permanencia en la defensa pública y su posterior salto a la Sala de Casación Penal respondieron a esa lógica.

Carmen Marisela Castro Gilly consolidó una trayectoria dentro del aparato penal del Estado. Su firma se estampó en extradiciones, casaciones y conflictos de competencia. Su gestión en la defensa pública convalidó detenciones arbitrarias en un período marcado por denuncias de crímenes de lesa humanidad. Su presencia en la Sala Penal reforzó la estructura que organismos internacionales describen como incapaz de investigar torturas y persecución política. Su carrera se sostuvo en la disciplina institucional y en la funcionalidad dentro del sistema penal del régimen.

Del contencioso a la presidencia de la Sala

Jaime Jesús Báez Jiménez preside la Sala Político-Administrativa desde mayo de 2026, después de los movimientos internos que la Sala Plena ejecutó para reorganizar la junta directiva del Tribunal Supremo de Justicia. Su ascenso no proviene de una trayectoria pública visible ni de un pasado político ruidoso. Su perfil se construyó dentro de los pasillos del contencioso-administrativo y tributario, en la gestión silenciosa de expedientes que deciden el destino patrimonial del Estado y de las empresas que intentan litigar contra él.

Antes de ocupar la presidencia de la sala, pasó por la suplencia. Su nombre circuló primero como magistrado suplente vinculado a la Sala de Casación Civil y luego como integrante de salas especiales creadas para evacuar mora procesal. En la Sala Especial Primera acumuló miles de horas de despacho resolviendo contenciosos tributarios y administrativos sin exposición mediática, una práctica orientada a operar en la sala donde se arbitran los conflictos económicos más sensibles del país. Su llegada a la presidencia no fue producto de un concurso público ni de un proceso de evaluación abierto: fue una decisión interna de la Sala Plena, que lo colocó al frente de la instancia que maneja los litigios más costosos del Estado.

La Sala Político-Administrativa es el centro neurálgico del patrimonio público. Allí no se discute ideología, sino recursos: contratos públicos, expropiaciones, indemnizaciones, deudas de la República, sanciones tributarias y disputas con corporaciones estatales como Pdvsa, cementeras estatizadas o empresas sometidas a regulaciones cambiarias. Bajo la presidencia de Báez Jiménez, los expedientes que involucran reclamos millonarios contra el Estado pasan por un filtro donde la regla es blindar la inmunidad patrimonial de la administración pública. Las demandas de indemnización por expropiaciones sin compensación, los reclamos por incumplimiento de contratos y las acciones para cobrar deudas atrasadas suelen detenerse en formalismos procesales: caducidades, defectos de forma, poderes cuestionados y requisitos de admisión interpretados con extremo rigor. El fondo rara vez se discute y el Estado no desembolsa recursos.

En materia tributaria, su despacho sostiene el patrón que ha caracterizado a la Sala Político-Administrativa durante años: validar las multas del Seniat incluso cuando su monto compromete el patrimonio del contribuyente. Las fiscalizaciones a empresas comerciales, industriales y de transporte terminan con sanciones cuyo valor supera el capital de trabajo o el inventario completo de la compañía. Las aerolíneas sometidas a regulaciones cambiarias reciben multas calculadas por pasajero transportado, con montos que exceden sus ingresos anuales. Cuando estas compañías acuden a la vía contenciosa alegando confiscatoriedad, la respuesta es uniforme: las sanciones se consideran necesarias para garantizar la disciplina fiscal y el orden socioeconómico del Estado. No hay análisis financiero real; la multa se ejecuta y la empresa sufre asfixia operativa.

El perfil académico de Báez Jiménez es opaco. No hay constancia pública de su universidad de egreso, ni publicaciones doctrinarias, cátedras universitarias ni participación en foros independientes. Su desenvolvimiento profesional fuera del TSJ representa un vacío documental: no tiene bufete registrado, no aparece en litigios privados ni figura en debates gremiales. Su currículo oficial se limita al cargo que ocupa dentro del tribunal. Esa ausencia de huella pública resulta funcional: un magistrado sin trayectoria externa no tiene prestigio corporativo que preservar ni redes profesionales que cuestionen sus fallos. Su carrera depende exclusivamente de la estructura que lo designó y carece de espacios a los cuales retornar si decide disentir.

En el engranaje del oficialismo, la militancia no siempre se expresa en mítines o cargos partidistas. En la Sala Político-Administrativa, la lealtad se demuestra firmando sentencias que protegen los intereses patrimoniales del Ejecutivo. Báez Jiménez no necesita vínculos familiares directos con la cúpula de Miraflores ni un pasado político notorio. Su utilidad radica en su perfil como técnico disciplinado, sin capital profesional propio, cuya estabilidad depende de ejecutar sin fisuras las decisiones que sostienen la arquitectura económica del Estado.

Su gestión no produce titulares internacionales como las sentencias de la Sala Constitucional. Su impacto es más silencioso y profundo: garantiza que las demandas contra la administración pública se diluyan en laberintos procesales y que las sanciones tributarias del Estado se mantengan intactas. En un sistema donde el poder económico del Ejecutivo se sostiene en la capacidad de recaudar, confiscar, expropiar y no pagar, la presidencia de Báez Jiménez en la Sala Político-Administrativa es una pieza clave. Su discreción no es un rasgo personal, sino el requisito para administrar decisiones sin generar controversia pública.