Según el comunicado oficial, las medidas fueron acordadas por los tribunales de la República tras una solicitud formal del Ministerio Público. Varias ONG mantienen la verificación caso por caso de las personas excarceladas este viernes para determinar cuántas corresponden efectivamente al registro de presos políticos y bajo qué condiciones quedaron en libertad

El gobierno venezolano anunció este viernes la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad para 131 personas, en una jornada en la que organizaciones defensoras de derechos humanos también reportaron la excarcelación de presos políticos de distintos centros penitenciarios del país.

La medida fue comunicada por el ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela, quien difundió un comunicado del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El anuncio se produjo dos días después del cierre del primer ciclo de conversaciones entre el gobierno y un sector de la oposición, promovido por Estados Unidos.

El documento difundido señala que los tribunales acordaron las medidas a solicitud del Ministerio Público, luego de que el programa pidiera revisar la situación jurídica de personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con acciones contra la institucionalidad del Estado.

“El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, informa el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad para un total de 131 personas que se encontraban bajo régimen de detención, por su presunta o comprobada participación en la comisión de delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano”, señala el comunicado.

A su vez, asegura que las decisiones fueron adoptadas por los tribunales venezolanos después de una evaluación de los expedientes solicitada por el programa.

"Las referidas medidas fueron acordadas por los tribunales de la República, a petición del Ministerio Público, luego de que este Programa solicitara a los órganos del Sistema de Justicia Penal evaluar la situación jurídica de personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con diversos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República”, expresa.

El Ejecutivo no divulgó la identidad de las 131 personas beneficiadas ni precisó cuántas de ellas corresponden a casos considerados presos políticos por las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, varias ONG mantienen la verificación caso por caso de las personas liberadas este viernes para determinar cuántas corresponden efectivamente al registro de presos políticos y bajo qué condiciones quedaron en libertad.